Internet

Ciudadanía digital, democracia análoga
Arturo Arriagada
Revista Poder
Febrero, 2009

Hasta ahora las campañas políticas son como un reality. Candidatos y aspirantes a famosos se muestran cercanos, honestos y consecuentes para obtener el voto de ciudadanos y audiencias. Pero los reality parecen ser más eficientes que las campañas en captar el interés de los jóvenes. Con la implementación del voto voluntario -y para convocar a quienes hasta ahora no votan- los políticos tendrán que poner más atención a los intereses de personas que se relacionan con el mundo a través de internet y la televisión.

En una sociedad donde los medios de comunicación configuran la vida cotidiana de las personas, la política como instancia de deliberación de los asuntos públicos se ha ido adaptando a la lógica de los medios. Las frases cortas en vez de grandes discursos, la delgada línea entre la vida pública y privada de los políticos y el cambio de las ideologías por apuestas más cercanas a la publicidad de estilos de vida, son algunos ejemplos de esa adaptación. Si la política se ha simplificado para convertirse en un "evento mediático", ¿por qué los casi 3 millones de jóvenes no-inscritos no logran sintonizar con esta nueva "programación"?.

Las transformaciones sociales que ha vivido Chile en los últimos 20 años han redefinido el concepto de "ser-ciudadano". La participación en actividades políticas, en partidos y organizaciones sociales, el voto como un deber y la discusión de asuntos públicos gracias a la información de los medios, podría asociarse a un tipo de ciudadano más propio de los 60 que del bicentenario. En cambio, para esos millones de no-inscritos en los registros electorales, ser ciudadano sería una instancia menos comprometida con las instituciones. El voto no es una obligación y la expresión política se lleva a la práctica a través de decisiones de consumo, voluntariado o activismo. Estas personas no siempre confían en los medios como fuente de información y potencian sus relaciones sociales a través de internet. Al primer grupo Lance Bennett, académico de la universidad de Washington, los llama los "ciudadanos obedientes" y al segundo los bautiza como los "ciudadanos actuales".

El "ciudadano actual" representa la desconexión con una cultura política que genera desconfianza. En Chile, un 43% de los jóvenes entre 18 y 29 años no está dispuesto a participar en las elecciones en el futuro, mientras un 41% considera que sus acciones no inciden en las decisiones de las autoridades, según la encuesta Feedback-UDP de 2009. Hasta ahora los políticos piden que los escuchen, pero estos datos dan cuenta que ellos no están poniendo atención a las motivaciones, demandas e iniciativas de los "ciudadanos actuales". Lo más preocupante es que a menor nivel socioeconómico, mayor la desconfianza y el desinterés en participar.

Poco a poco internet emerge como un espacio para el ejercicio de la política. En el Reino Unido en las elecciones de 2005, diversos estudios confirmaron que los jóvenes -a diferencia de los adultos- participaron del proceso político en internet, considerándolo un espacio confiable y efectivo. En Estados Unidos, durante la campaña de Obama ocurrió lo mismo: en el caso de los jóvenes, internet pasó a ser una herramienta de conexión y compromiso ciudadano con la política, reconocida y validada por el candidato.

En Chile, las dinámicas de organización, comunicación y participación que se dieron en las protestas en Facebook por la "estatua del Papa" dieron cuenta del mismo fenómeno. De la deliberación sobre este asunto público en foros se pasó a la acción en las calles y a la conversación cotidiana sobre el tema. Todo ello a través de la recomendación. A su vez, reflejó las temáticas que motivan a esos jóvenes a participar, mucho más asociados a la defensa de un estilo de vida con resultados en el corto plazo. Así, combinan intereses colectivos -como el cuidado del medio ambiente o el uso de espacios públicos- con el individualismo propio del consumo y los estilos que defienden. Además, la mezcla de humor y entretención en este tipo de participación política no se asocia a la estructura y lenguaje del actual discurso político, más vertical que horizontal. Con esas prácticas los "ciudadanos actuales" atacan la falta de autenticidad que ven en el ejercicio de la política y que los aleja de participar (Estudio Lado Humano-UDP, 2009).

La falacia de la participación que promovieron los candidatos presidenciales en sus campañas online sería una tarea pendiente para los "ciudadanos actuales". Sus sitios web no siempre fomentaron la formación de comunidades que establecieran vínculos de acuerdo a los intereses particulares de los usuarios. Más bien operaron como canchas con reglas y temas predefinidos por los candidatos. Es distinto organizar una "pichanga" en la calle entre desconocidos que jugar obligado con los compañeros de oficina en la fiesta de fin de año. Así se entiende que tan solo un 2,9% de los chilenos haya utilizado internet para obtener información en las elecciones pasadas (ICSO-UDP, 2009).

El desafío para los políticos es generar incentivos que estimulen la participación de los "ciudadanos actuales". El debate sobre la reforma de salud en Estados Unidos y la campaña online de Obama para llevar a la práctica el lobby ciudadano representa un estilo de gobierno que va más allá del voto. También intenta empoderar a los ciudadanos para que se hagan cargo del destino de su país, lo que implica expandir la agenda de temas de discusión pública. Para evitar fomentar la desigualdad entre los ciudadanos obedientes y actuales, la masificación de internet en Chile va a tener que dejar de ser materia pendiente. Por lo mismo, el futuro gobierno debiera insistir en validar cada vez más la participación online.

Para lograr que los millones de "ciudadanos actuales" acudan a votar a las urnas en las próximas elecciones, los políticos no la tienen fácil. Si hasta ahora la participación política se reducía al voto, con el cambio en el sistema electoral la participación online toma relevancia para concretarse en las urnas. Ahora los futuros gobernantes tendrán incentivos potentes para prestarle atención a las dinámicas de conversación y participación online de esas personas. En internet los políticos podrán construir sus propios estadios, pero las reglas, los jugadores y el estilo del partido que se juega lo tienen que elegir los ciudadanos.

13/02/10
Reiniciar la democracia
Arturo Arriagada
Revista Que Pasa

A diferencia de los computadores, las democracias no tienen un botón que permita reiniciarlas. Si bien esta forma de organización social está pasando por un momento difícil, muchas voces consideran que internet la puede reanimar. Ya sea como un facilitador de la organización política o como un espacio para la deliberación de los asuntos públicos, internet puede robustecer la democracia fomentando la participación ciudadana. El desafío de políticos y ciudadanos está en darle credibilidad a la política online.

La revista Wired -en su versión británica - publicó hace unas semanas un artículo titulado Reboot Britain (Reiniciar al Reino Unido). Académicos, consultores y ciudadanos presentaron ideas para fomentar el debate público y mejorar la calidad de la democracia. La desconfianza hacia la clase política y los bajos niveles de participación ciudadana son síntomas de una enfermedad que afecta a diversas democracias en el mundo, la crisis de la representación.

James Murray -emprendedor y asesor tecnológico de laboristas y conservadores- considera que un gobierno competente tiene que promover la participación online ¿De qué forma? Dejando que los ciudadanos presenten proyectos de ley a través de internet. Allí la gente vota por ellos y, si se aprueban, el Parlamento se compromete a discutirlos. Murray también sugiere que los proyectos de ley que presenten los parlamentarios puedan ser bloqueados por los ciudadanos. En caso de recolectar 20 mil firmas online, el proyecto no se vota en el Parlamento. Si eso no ocurre, el proyecto se discute en las cámaras. Quizás esta iniciativa implique más trabajo para los parlamentarios, pero sería una señal de interés por escuchar la voz de quienes se interesan en participar más allá de las urnas.

¿Es posible llevar la experiencia de la web 2.0 a la aplicación de las leyes? Aza Raskin -director de user experience de Mozilla Labs- cree que sí. Si Facebook, Twitter y Google mejoran sus servicios a través del uso que le dan los usuarios, lo mismo debiera ocurrir con la implementación de nuevas leyes. Al igual que los sitios de internet, las leyes requieren de marcha blanca para operar y responder a la particularidad del comportamiento humano.

Todavía la idea de una democracia representativa fomentada desde internet suena lejana para la realidad chilena. ¿Algunas razones? La falta de acceso a la red y el cambio de paradigma que significa validar el espacio online como un lugar para el ejercicio de la política. Pero si la clase política no se atreve a innovar para intentar recuperar la confianza de la ciudadanía, transparentando sus acciones y escuchando a los ciudadanos, todos perdemos. El gobierno de Sebastián Piñera tiene que abrir las grandes alamedas de la era digital a los chilenos. Sólo así se harán realidad los anhelos de más participación y democracia de quienes aspiran a construir una sociedad menos desigual.

Hace un tiempo Antimedios está discutiendo el tema de la participación ciudadana a través de Internet. Algunas acciones se han visto en Chile con la "píldora de día después", la "estatua del papa" y las "becas Chile". En menor medida algo ha pasado con las elecciones presidenciales con la campaña en Twitter "#paraunirseafrei", el "Frei no More" o la estrella de Piñera que circula en las fotos de miles de usuarios. Todas acciones que develan la desconexión existente entre la política, sus instituciones y los ciudadanos.

Acá otro ejemplo. En UK Jon Morter comenzó una campaña por Facebook para que los ingleses impidieran que llegara al número uno de los rankings musicales la canción del ganador de turno del reality "X Factor" (que alcanza peaks de audiencia de 15 millones). Morter propuso que "Killing in the Name" -una canción de protesta del grupo Rage Against the Machine- fuera comprada por el público y alcanzara el número 1 del ranking navideño británico. La canción -que habla en contra de la corrupción en EE.UU., el Ku Klux Klan y su relación con la policía de ese país- ya había sido número uno en UK en 1992. En Wikipedia la historia de Killing in the Name.

La campaña de Morter alcanzó más de 480.000 seguidores en Facebook. A ella se sumaron públicamente Paul McCartney y el grupo Rage Against the Machine -que donará las ganancias- y que hicieron llegar a "Killing in the Name" al número 1 de los rankings en UK. Lo paradójico de esto es que Simon Cowell -creador del reality X Factor y quien se lleva las ganancias por las canciones que salen del programa- también tenía relación con el sello Sony que grabó "Killing in the Name". Los riesgos de la concentración de propiedad y la falta de transparencia.

La campaña de Morter no es tan distinta a las ocurridas en Chile y apela a la misma escasez de participación que vemos en distintas dimensiones en las sociedades modernas. Ya sea en la industria de la música, en los medios de comunicación y su colusión de agendas, en la política y el mercado, Internet emerge como un espacio para la liberación de frustraciones en contra de esas imperfecciones (ej: www.reclamos.cl). La diversidad de agendas y demandas ciudadanas encuentran en Internet un espacio natural que no se condice con las instancias de participación que ofrecen, por ejemplo, actores políticos como los partidos o los medios.

En un estudio realizado con Sebastián Valenzuela, entre 2000 y 2005, el 80% de las noticias aparecidas en diarios y televisión hablaron de los mismos temas. Que los medios hablen de lo mismo contribuye a fomentar las asimetrías de información, disminuyendo las posibilidades de agendas temáticas distintas y representativas de la diversidad de intereses ciudadanos. Así se estimula la desigualdad entre aquellos que son parte de una deliberación monótona sobre los asuntos públicos -como la de los políticos en los medios- y de los que encuentran otros espacios para ello -como los grupos en Facebook- porque tienen acceso a Internet.

De esta forma la competencia y transparencia en la industria de medios en Chile es clave para disminuir las asimetrías de información y fomentar la diversidad temática. Si bien los medios han sido activos en promover la cultura de la transparencia, también la falta de ella les impide extender su rol fiscalizador. La escasez de indicadores en esa industria (perfil de consumidor, propiedad, conflictos de interés, cobertura, etc.) se convierten en barreras de acceso a información para los chilenos.

Si www.reclamos.cl es un sitio que recoge las quejas de los ciudadanos en contra de servicios de empresas, el Colegio de Periodistas podría generar un espacio similar para fomentar la calidad del trabajo periodístico. Lo que está haciendo www.ojodelmedio.blogspot.com va en esa dirección. Instancias similares podrían surgir en el Consejo Nacional de Televisión y la Asociación Nacional de la Prensa. Así se podría ampliar tanto el rol fiscalizador y de monitoreo que estos organismos promueven respecto del trabajo de los medios en Chile, pero lo más importante, estimularían la competencia y la transparencia para romper con las asimetrías de información que también fomentan la desigualdad.

El detalle de la campaña Morter y Rage Against the Machine se describe en este artículo de The Guardian

Saludos,

A.

15 de Diciembre
Cambio participación por copihues, estrellas y arcoiris
Arturo Arriagada
El Mostrador

El voto de castigo a la Concertación representa las demandas ciudadanas por más instancias de participación, competencia y transparencia en los procesos políticos. Independiente de los símbolos utilizados por los candidatos presidenciales para representarla y promoverla, la participación ciudadana la hará realidad quien esté dispuesto a interpretar los distintos tipos de ciudadanía que quieren practicar las personas y genere instancias para ello.

Los problemas de participación que adolece el sistema político chileno están principalmente en sus partidos. Estas organizaciones no tienen mecanismos transparentes y competitivos para elegir a sus líderes y/o candidatos. Por lo mismo, son pocos los que participan. Las primarias de utilería de la Concertación explican la irrupción de Marco Enríquez-Ominami. En la derecha la cosa no es muy distinta. Mientras la UDI habla de renovación y cambio, su directiva representa lo contrario. La libertad que promulga la derecha en lo económico no aplica a la hora de elegir a sus candidatos presidenciales. La candidatura de Piñera en 2005 fue el mejor ejemplo de ello.

La elite política entiende y reduce la participación ciudadana solamente al voto, dejando fuera de su concepción de ciudadanos a aquellos que no votan pero sí quieren participar a través de otras instancias. Así partidos y actores políticos no tienen ningún incentivo para involucrar en sus dinámicas, por ejemplo, a comunidades que intentan transparentar la política recopilando información del desempeño de parlamentarios en el Congreso. Si no están inscritos no existen. Tampoco la elite política se interesa en develar las razones que llevan a los jóvenes -y no tan jóvenes- a no inscribirse. Para ello es fundamental crear mecanismos que incentiven a las personas a participar en estos procesos políticos. Especialmente para los millones de jóvenes que -en vez de ir a las urnas- estuvieron en Facebook este domingo.

Si bien la brecha digital fomenta las asimetrías de información en las personas, la educación desde los colegios y el fomento a la participación online en procesos políticos es clave. Así se puede pensar en integrar a quienes desconfían de la actual forma de hacer política, pero apoyan causas en Facebook. Intentar con primarias donde los chilenos voten a través de Internet sería un gran paso pro-participación y transparencia. Algo menos ambicioso -no por ello menos eficiente- es crear foros en los sitios Web de los partidos que intenten generar discusión en torno a lo que se entiende por política y las razones del desencanto. Todo ello en las salas de clases de colegios del país.

Las instituciones y la política como instancia de deliberación se tienen que adaptar a la lógica de comunicación y participación que opera en Internet. Si buscar información en Google es sencillo, no ocurre lo mismo en un sitio del gobierno. Mientras YouTube y Twitter obligan a decir lo importante de manera clara, empática y breve, el esquema de franjas presidenciales se agota en un público reducido, aquellos que son parte del padrón electoral.

Es cierto que Internet no moviliza por sí solo a las personas. Menos si los partidos políticos ponen enlaces a sitios de redes sociales cuando no existen mecanismos transparentes y competitivos para elegir a sus candidatos presidenciales. Esas son las contradicciones que llevan a las personas a seguir inmersos en Facebook en causas que reflejan sus estilos de vida. Para incentivar la participación tienen que haber relatos que convoquen, construidos en instancias y espacios de deliberación -como Internet-, partidos políticos y líderes que inviten a participar, basados en la competencia y la transparencia. Así, Internet será la herramienta que les permita diversificar el tipo de ciudadano al que quieren representar, y al mismo tiempo, el espacio donde las personas podrán elegir el o los tipos de ciudadanía que quieren ejercer.

Publicado en el último número de revista Wired, este interesante artículo sobre la economía de los medios online. Los medios (impresos y online) se están hundiendo en medio de la crisis, además de estar bastante atrás a la hora de entender a sus audiencias. El magnate de los medios Rupert Murdoch está convencido que la clave para mantener vivo el negocio es cobrar por el contenido en Internet. A su favor? Los resultados del Wall Street Journal que ha doblado su audiencia en 2008. En contra? Murdoch no ha tenido éxito con otro de sus negocios online, MySpace.com, mientras Free -la idea de la gratuidad en Internet difundida por Chris Anderson- pese a sus críticas, sigue en pie y con bastante fuerza.

Arturo Arriagada

Can Rupert Murdoch save online news?
James Silver
Wired Magazine UK 08.09

It's hardly a hot scoop that the newspaper industry is caught in a perfect storm of haemorrhaging ad revenues and dwindling readerships, exacerbated by a deep recession. Across the US, newspapers are failing and big-name titles teetering on the brink. The Los Angeles Times's parent company, Tribune, filed for bankruptcy last December; in February, Hearst Corp warned it may close the San Francisco Chronicle, which lost more than $50 million in 2008, if it failed to slash costs or find a buyer; the same month, the owner of The Philadelphia Inquirer filed for bankruptcy protection, loaded with $390 million of debt. In the UK, the once-unassailable Daily Mail & General Trust reported a first-half pre-tax loss of £239 million, with operating profit for its national Associated Newspapers titles down 59 per cent, and by 85 per cent at its regional division, Northcliffe Media.

Newspapers are in deep trouble. If they survive, albeit in digital form only, then one event in May this year will surely be seen as a turning point in this narrative. It was late afternoon at News Corporation's New York HQ, and reporters around the world had called in to hear Rupert Murdoch discuss a pretty dismal set of third-quarter results at a teleconference earnings call.

News Corp's operating income had plunged by 47 per cent year on year from $1.4 billion to $755 million, with its newspapers hardest hit. Evaporating advertising meant that operating income in that segment - which includes The Wall Street Journal (WSJ) and the New York Post in the US and The Sun and The Times in the UK - were down from $209 million to just $7 million year on year. Strangely, given this flurry of bad results, Rupert Murdoch was in a surprisingly upbeat mood.

The usually gruff 78-year-old declared that "the worst is over", before talking about "bright spots", especially in the group's "booming" movie business. But it was his calculated comments about failing newspapers which went on to spawn more than 7,000 headlines across the world - as well as blogosphere cacophony.

"That it's possible to charge for content on the web is obvious from the [WSJ]'s experience," he drawled. Visitor numbers at wsj.com doubled from 13.4 million in April 2008. "[We're] now in the midst of an epochal debate over the value of content and it's clear that, for many newspapers, the current model is malfunctioning." Of News Corp, he said portentously: "You can confidently presume we are leading the way in finding a model that maximises revenues and returns for our shareholders."

To this end, a team of News Corp execs has been convened to consider all possible digital business models. Murdoch added that "the very bright people we have at our SlingShot Laboratories" - an incubator launched in 2008 to develop new digital ventures - "are devising clever ways to monetise the content of some of our long established print properties".

And if that weren't enough to create a buzz, there was more to come. Just as three leading American newspapers - The New York Times, The Boston Globe and The Washington Post - agreed a deal to offer long-term subscribers a discount on Amazon's Kindle DX, Murdoch hinted that he was planning to launch a News Corp branded rival to the Kindle.

"I can assure you we will not be feeding our content rights to the fine people who created the Kindle," he informed his audience. "We will control the prices for our content and we will control the relationship with our customers." Sounding every inch the Old Testament behemoth, he then pronounced: "The current days of the internet will soon be over."

For Murdoch, it was a no-brainer. As print classified and display advertising revenues slumped by 21 per cent year on year at News Corp's UK titles, by 16 per cent at its Australian newspapers, and by 33 per cent at the WSJ, wsj.com's figures were soaring. According to data gathered by Omniture, wsj.com had an average of 6.8 million visitors in the first quarter of 2006 - up to 26.5 million visitors by this April.

Following a similar trajectory, wsj.com's page views rose from an average of 109.6 million in the first quarter of 2006 to 224 million in April 2009. But for Murdoch and his lieutenants, including Robert Thomson, WSJ managing editor, the figures that really matter are paying subscribers. In the first quarter of 2006, 761,000 people subscribed to wsj.com. By the first quarter of 2009 this figure had risen to 1,067,000.

A subscription to europe.wsj.com costs $1.99 a week. An annual online-only sub typically costs £72, and a print-and online package is £163 a year. No wonder that Thomson has revealed plans for "a sophisticated micropayments service" for individual articles on wsj.com, which began charging in 1996, as well as "premium subscriptions" for access to niche fields such as energy, commodities and Dow Jones wire stories later in the year.

Meanwhile, Murdoch's digital team will also have been crunching the numbers at rival ft.com, which first introduced a pay barrier in 2002. In 2007, the website switched to a "hybrid frequency access model" which allows the Financial Times to continue to charge "heavy users" of the website, while enabling "casual" visitors to surf for free. Currently, a visitor to the site can read three articles a month without registering, and up to ten after registration. If they want to read any more than that, they hit a paywall.

Across 2007, ft.com averaged 5.3 million monthly unique users and 43 million page views with "almost zero" registered users. A year later, that rose to an average of 7.1 million uniques, 72 million page views and 400,000 registered users. The latest figures are 11.4 million uniques, 82.2 million page views, with 1.3 million registered users.

In the past year, ft.com's base of paying subscribers has grown eight per cent to 109,609. In 2007, the site had 101,000 subscribers and around 90,000 in 2006. The FT Group - which includes the FT, Interactive Data, The Economist, FTSE and Mergermarket - has a publishing business which is now two-thirds digital. Print- and advertising- based national media companies (including the Recoletos group in Spain, Les Échos in France and FT Deutschland in Germany) have been sold off, and digital businesses such as Mergermarket, Money- Media and Exec-Appointments acquired.

In 2008, digital services accounted for 67 per cent of FT Group revenues - a rise from 28 per cent in 2000. Significantly, print advertising accounted for 25 per cent of revenues in 2008 - a drop from 52 per cent in 2000. An FT spokesman told Wired that, like Dow Jones (publisher of wsj. com), ft.com is mulling the launch of a micropayments system.

"[It] is certainly something we're looking at. We want to be as innovative and flexible as possible with how we monetise," he said. "Every publisher should be looking at whether they can charge for their content online, and micropayments are one of the key ways they can do that." None of this will have been lost on Rupert Murdoch, for whom the ft.com story is yet more evidence that the content free-for-all on the web needs to be shut down and, as print advertising and circulation nosedive, the business model is paywalls or bust.

Take the case of the stricken New York Times, which announced a loss for the first quarter of 2009 of $74.5 million, compared with a loss of $335,000 in the same quarter of 2008. But although profits and newsprint circulation were on the slide, it was faring far better on the net. In March 2009, according to Nielsen Online, nytimes.com had 20.1 million unique visitors, compared with 18.9 million a year earlier.

Chairman Arthur Sulzberger had already told shareholders that he was "exploring a new online financial strategy". But a few days after Murdoch's comments, a reporter on the paper, Jennifer 8 Lee, revealed in a series of tweets during a briefing by managers that a number of pay models were being considered urgently, including "metering" - charging readers after a certain word count or number of clicks - and a "tiered membership system".

Lee also tweeted that lessons were being learned from the failure of TimesSelect, a now-defunct subscription programme which charged $49.95 a year for online access to the work of its columnists and the paper's archives. TimesSelect launched in 2005 and drew 227,000 paying subscribers, generating about $10 million a year in revenue, but was closed in 2007 after growth projections were deemed too low. Instead, the site embraced a traffic-driven digital display advertising model - to the relief of the paper's columnists, who disliked being shuttered behind a paywall.

In the UK Martin Morgan, chief executive of the ailing Daily Mail & General Trust, echoed Murdoch by telling the FT that DMGT was considering paywalls and micropayments for its consumer titles. "What is in some ways exciting is that the game is moving on from the broad-brush approach that nearly all content has to be free," he said.

The clamour against "free" from industry execs is growing. As Murdoch pledged a new era, ft.com publisher Rob Grimshaw explained on an industry website that, without paywalls, advertising-only online businesses struggle. "If you start doing some simple maths on this thing, it becomes clear what a challenge it is. If you're aiming to make $50 million a year from your online advertising business, which is not massive, you're going to need 833 million page impressions per month at CPMs [cost per thousand page impressions] of $5 a time. If they drop to $1, you need 4.1 billion."

The decision to offer free online content, with digital advertising the only revenue stream, has come back to bite the industry hard - and should never have been taken at all, says the FT's chief business commentator, John Gapper. "There was an awful lot of nonsense talked about the desirability of making everything free on the net. But it was never a business strategy, only a slogan. And a lot of that nonsense was talked by people who had motivation to want all content to be free - Silicon Valley people, aggregators, hardware manufacturers, software manufacturers.

"They wanted all this information to be free because it improved the value of their businesses. And they sold everyone else a pup, saying that if all content owners didn't make their content free, then somehow they didn't get it.

"Actually, they were just bullying a lot of people with completely different interests from their own into adopting their interests. Now, that kind of worked as long as the graph showing online advertising revenues carried on going up pretty steeply, but as soon as it flattened out the penny dropped that maybe it wasn't such a good idea to make all content free. At which point a lot of people have now got to the point that Murdoch's arrived at, which is to say, ‘Sheer traffic is not going to bridge the gap, therefore we've got to think about subscriptions.'"

As flip-flops go, it was a spectacular of the genre. In November 2007, as the ink was still drying on News Corp's $5.6 billion acquisition of Dow Jones, Murdoch addressed shareholders in Adelaide and gave an interview to one of his titles, The Australian, in which he made a series of comments which came as a surprise to many WSJ staffers. "We have been studying [wsj.com] and we expect to make that free," he said. According to Reuters, he informed shareholders that he envisaged "instead of having one million [readers], having at least ten to 15 million in every corner of the Earth".

Fast-forward to The Cable Show, a TV industry conference in Washington some 18 months later, and Murdoch had a very different message. In a foretaste of his comments at the earnings call, he said advertising on wsj.com would not make up for revenue declines on the print side of the business. "People reading news for free on the web, that's got to change."

So why the volte-face? Simple: Murdoch got a look at the books.

Steve Brill, who founded Court TV and American Lawyer magazine, has just launched Journalism Online, a venture that he hopes will save newspapers by recalibrating their business models to maximise revenues from digital distribution. "My partner, Gordon Crovitz, was the publisher of The Wall Street Journal. He said it would take him an hour to convince Rupert to change his mind when he saw the real numbers," says Brill. "Rupert saw the numbers and changed his mind.

"There were two really important numbers that he saw. The first was that the WSJ has 85 to 90 per cent of the traffic it had before it started charging. You don't lose traffic when you charge, if you continue a rigorous effort to let people sample, let some content be free on any given day. You can keep up the same traffic, but your core readers - 10 per cent - will buy it so they never hit a paywall. So it's not like you flip a switch and either you have [digital] ad revenue or circulation. WSJ has both.

"The second thing he saw was that the cost of getting a print subscriber went down because, quite obviously, if you're giving something away [online], it's harder to get people to buy the print version. But if you attach a value to the online version then it's easier to sell the print version and, most importantly, it's much easier to sell the print version if you bundle the print subscription with an online subscription, which is what the WSJ and FT do."

But some find it difficult to buy Murdoch as digital pioneer. Steeped in the worlds of newspapers and satellite TV, the notoriously technophobic News Corp chief was initially reluctant to invest in digital, balking at the high prices for online brands in the early stages of the bubble.

He appointed James, his youngest son, as executive vice-president with responsibility for overseeing News Corp's global internet strategy, and his attitude towards the web began to defrost. In July 2005, the acquisition of Intermix Media (including the star property MySpace, as well as 30 other sites) for $580m was seen as a watershed moment in News Corp's internet ambitions. But although the deal was hailed at the time, much of the gloss has since worn off. Indeed, Murdoch's entire digital division (which News Corp refers to as "Other Assets" on its website) had a distinctly lacklustre showing in the most recent third-quarter results, posting an operating loss of $89 million.

Journalist Michael Wolff, who spent nine months interviewing Murdoch for his biography The Man Who Owns The News, is dismissive of News Corp's digital credentials, arguing that the group lacks any genuinely coherent strategy. "Throughout News Corp there is just no premium on digital anywhere," he says. "In the case of MySpace, they've screwed it up. They arguably had $25 billion in value in that. Today it's worth, I dunno, $600 million? It certainly is heading south, and they've been trying to get rid of it. And as far as wsj.com is concerned, they bought that, so they get no credit there.

"There is just no evidence up and down this company that they have any expertise, nor any commitment to digital. Everything that happens at News Corp happens in Rupert Murdoch's image. Nobody is empowered to do anything he doesn't want done. And Rupert Murdoch doesn't use a computer, cannot get email, cannot get his mobile phone to work - it just doesn't interest him." Interview requests with Rupert and James Murdoch, and other News Corp executives, were declined. Similarly, Wolff, who has form in the digital game as founder of newser.com, dismisses the hiring of Jonathan Miller as head of digital strategy. "Hiring someone like Miller is just a Hail Mary pass. Someone at News Corp said: ‘Oh my God, go out and find someone who knows about this digital stuff!' And someone else said: ‘This Miller guy ran AOL!' And someone else said: ‘Hey, that's a big company, get him!' That's the level. These guys are saying stuff that they think people want to hear."

Of Murdoch as the possible saviour of digital papers, he says this: "They have no idea what they're talking about. As for an actual digital strategy? Totally forget it."

Wired understands that James Murdoch has been addressing NI staff in London about digital strategy; given the dire situation, a variety of business models are urgently being explored. More visitors to NI websites are likely to have to register, so that marketers can target them. "Higher value" content - such as The Sun's celebrity news and football coverage - may be placed behind a paywall. There may be charges to access The Sunday Times. The company is also seeking ways to attract "quality" rather than "quantity" to its sites, perhaps discouraging high volumes of overseas traffic, which has little commercial value. Of all the options under consideration, one is known to be gaining traction at the highest levels. That idea is to launch a Sky TV-style tiered-subscription platform - available on a mobile device, e-reader or computer - featuring all News Corp content. The content of rival newspaper groups and perhaps even the BBC will be available too. The group will not officially confirm it, but it is believed to be in development.

Yet although there is a proven market for financial news online, doubts remain that anyone used to a decade of free digital content will pay for news - particularly if they can still get it free elsewhere. "It's tough to charge for general content," says John Gapper. "The Wall Street Journal has a solid subscription model, but as you go down the spectrum from The Times to The Sun, it becomes tougher to sustain."

Nor does Gapper see the point of offering subscriptions for "a bundle" of sites. "Why would I want to subscribe to all those things? Why would a Times reader want to be bundled into the same digital club as a Sun reader? No insult to Rupert Murdoch, but I don't think he knows what he's doing with this, because no one really does."

But some people think they do - Steve Brill among them. Newspaper groups which sign on with his venture will get a raft of services, including a spot on an "all-you-can-read" platform. At a cost of around $20 a month, this will allow subscribers to read content from "thousands of sources without hitting a paywall". Brill says he is in talks with six of the largest newspaper groups in the US, but declines to say whether News Corp is among them. A separate line of enquiry suggests it is.

"It's going to be a tough transition," says Brill, "but it's the only alternative. We're not saying that all of a sudden everyone's paying. You start with offering a little paid content, then gradually wean people off this ridiculous free business model."

Of Murdoch, he adds: "It probably never made sense to him to give content away. When he was presented with evidence at Dow Jones, then it certainly didn't. Now he's the most passionate sort of evangelist for paid content - the convert." James Silver, a contributing editor to Total Politics magazine, reported for the "Hidden persuaders" feature in July's Wired UK.

Una reseña publicada en The Observer sobre el nuevo libro de Chris Anderson, Free. Gran review, mal por Anderson quien no profundiza en mayor evidencia empírica para explicar sus pronósticos de la economía en Internet.

A. 

The Observer, Sunday 28 June 2009
Who pays the price of a free-for-all?

Chris Anderson is a guru of the information age. Under his editorship, Wired, the voice of the digital world, has won zillions of prizes. His speeches on the economics of the internet command vast sums. He's a brilliant journalist; I know that, having worked with him before he was a big shot. But it is as an author that Anderson has gained most fame. He writes, broadly, about how digital technology has made the world a better place. His first book, The Long Tail, was hugely influential. In the bricks-and-mortar world, it said, in which the costs of marketing and distribution are high, companies make money by selling vast quantities of a few blockbuster items. In the digital world, in which the costs of marketing and distribution are low, companies can make money by selling small numbers of lots of different items.

This idea appealed to everybody. Business people liked it because it seemed to explain to them what to do about the baffling business of the internet. Creative people liked it because it implied that they had a better chance of making money from their slim volumes and weird music that hardly anybody wanted to buy. Cultured people liked it because it implied that book, music and film buffs would be able to enjoy not just the latest blockbuster, but also the German philosophy, 18th-century folk songs and expressionist movies that make up the long tail of the distribution curve. It's a great idea and an optimistic one. Unfortunately, data have recently emerged that seem to undermine it. An analysis last year in the Harvard Business Review of online music and movie retailing suggests that it is just as dominated by blockbusters as is offline retailing.

Free is another examination of how digital technology is changing life and business, this time through the spread of what the book's subtitle describes as "a radical price" - zero. Businesses based on offering free stuff aren't new - broadcast television and radio, for instance, entertain viewers and listeners for free in return for their attention - but there's certainly more free stuff around than there used to be.

Free stuff is spreading because of one fundamental difference between the bricks-and-mortar world (which Anderson calls the world of atoms) and the digital world (which Anderson calls the world of bits). In the world of atoms, each item is expensive to produce and distribute; in the world of bits, it costs close to nothing. This has all sorts of consequences. Pricing models become infinitely variable. Copying costs almost nothing, so piracy mushrooms. People can create stories, songs and movies and distribute them to other people, gratis. The collapsing costs of production and distribution are both benefiting consumers and killing companies. Wikipedia, for instance, offers the world, the universe and everything in detail to anybody with an internet connection, while destroying the encyclopaedia business. File-sharing has brought costless pleasure to millions while threatening the existence of record companies. Piracy has introduced millions of Chinese to the joys of Hollywood films while making it virtually impossible to sell music, software or recorded music in the country.

Newspapers have two sources of revenue - advertisers and readers - and the internet is taking away both. Advertising works better online than in print: try finding a room for less than £100 a week in a non-smoking, girls-only flat on the Victoria Line on Craigslist, then try the same through print. For readers, news is newsier online and not just because big companies like Google provide it free. People, increasingly, tell each other what's going on: Twitter and Flickr have been the best sources of information and pictures on the Iranian unrest. The migration of advertising on to the internet and the proliferation of free information may be killing the newspaper; many local papers in both Britain and America have shut down. Some of the spread of free stuff was predicted. When the world started to go digital 15 years ago, clever people in the music and film businesses were frightened because they knew how much easier it would make copying. But some of it is entirely unexpected. Wikipedia and open-source software, for instance, are the products of something that has floored economists - that people enjoy doing, and will do for free, all sorts of things that other people regard as work.

In this way, and in most ways, the spread of free stuff makes the world a better place. The demise of newspapers is a sad thing, but as the Iranian unrest shows, digital technology is a far better way of spreading information about governments' misdeeds than print is. Technological advance always kills old businesses, as the Luddites knew, but consumers benefit, new companies get created and mankind moves on. Yet there are dangers implicit in new ways of doing things and this book illustrates them.

Free observes an interesting phenomenon, but doesn't take the reader far beyond the notion that there's a lot of free stuff about. It pulls together information about current trends and is dotted with abstruse bits of learning - divergent views of competition among 18th-century French mathematicians, for instance - which seem to be there more to lend the book intellectual heft than to strengthen its arguments. But it doesn't have the weight of a fully worked-through idea. It ends not with a discussion of where this trend is leading but with "50 business models built on free", presumably addressed to the businessmen who may be attending Anderson's speeches on the subject.

The book's weakness may lie in its origins. Like The Long Tail, it started life as a Wired article which Anderson blogged about and people commented on. No doubt there are advantages to having readers contribute to research, but it may be that the old-fashioned method, which requires a lonely author to think hard about an idea, works better in the end. And has Anderson been using free stuff a little too freely? The Virginia Quarterly Review has found similarities, including an erroneous date, between passages in the book and in Wikipedia and other online sources. Anderson attributes these "screw-ups" to his failure to find a good way of citing web sources. He is right that free stuff has made the world a better place, but it has its pitfalls.

• Emma Duncan is deputy editor of the Economist

Este es un excelente articulo. Publicado en el penultimo numero de la revista Wired, Kevin Kelly compara la nueva economia que opera en Internet (software gratuitos, intercambio de contenidos, conocimiento, etc.) con la de un estado socialista. Internet esta desafiando el capitalismo o se complementan?

Si bien hacen falta algunos datos duros como para enfriar el optimismo que se siente al leer sobre las potencialidades de Internet, destaco algunos parrafos.

"How close to a noncapitalistic, open source, peer-production society can this movement take us? Every time that question has been asked, the answer has been: closer than we thought. Consider craigslist. Just classified ads, right? But the site amplified the handy community swap board to reach a regional audience, enhanced it with pictures and real-time updates, and suddenly became a national treasure. Operating without state funding or control, connecting citizens directly to citizens, this mostly free marketplace achieves social good at an efficiency that would stagger any government or traditional corporation. Sure, it undermines the business model of newspapers, but at the same time it makes an indisputable case that the sharing model is a viable alternative to both profit-seeking corporations and tax-supported civic institutions.

Who would have believed that poor farmers could secure $100 loans from perfect strangers on the other side of the planet—and pay them back? That is what Kiva does with peer-to-peer lending. Every public health care expert declared confidently that sharing was fine for photos, but no one would share their medical records. But PatientsLikeMe, where patients pool results of treatments to better their own care, prove that collective action can trump both doctors and privacy scares. The increasingly common habit of sharing what you're thinking (Twitter), what you're reading (StumbleUpon), your finances (Wesabe), your everything (the Web) is becoming a foundation of our culture. Doing it while collaboratively building encyclopedias, news agencies, video archives, and software in groups that span continents, with people you don't know and whose class is irrelevant—that makes political socialism seem like the logical next step.

A similar thing happened with free markets over the past century. Every day, someone asked: What can't markets do? We took a long list of problems that seemed to require rational planning or paternal government and instead applied marketplace logic. In most cases, the market solution worked significantly better. Much of the prosperity in recent decades was gained by unleashing market forces on social problems.

Now we're trying the same trick with collaborative social technology, applying digital socialism to a growing list of wishes—and occasionally to problems that the free market couldn't solve—to see if it works. So far, the results have been startling. At nearly every turn, the power of sharing, cooperation, collaboration, openness, free pricing, and transparency has proven to be more practical than we capitalists thought possible. Each time we try it, we find that the power of the new socialism is bigger than we imagined.

We underestimate the power of our tools to reshape our minds. Did we really believe we could collaboratively build and inhabit virtual worlds all day, every day, and not have it affect our perspective? The force of online socialism is growing. Its dynamic is spreading beyond electrons—perhaps into elections".

El link al articulo completo, aca.

Saludos,

A.

Dos columnas para entender el proyecto de Ley que regula la propiedad intelectual y que se discutirá en el Congreso. La primera es de Carmen Luz Parot, documentalista (Estadio Nacional, El Derecho de Vivir en Paz) y la segunda de Claudio Ruiz, director de la ONG Derechos Digitales. Ambas publicadas hoy en Ciper Chile.

Los cambios que ha generado la masificación de Internet tanto a nivel de usuarios como en aquellos generadores de contenidos (sellos discográficos, medios de comunicación, editoriales y los propios artistas) obliga a cambiar una Ley que data de 1970. Parot y Ruiz explican la importancia y excepciones que hay que tener en cuenta en una regulación que habrá que seguir con atención. 

A.A

El valor de un fragmento
CiperChile

Hacer un documental puede tomar varios años en la vida de un director. Captar un momento histórico puede tomarle toda la vida a un camarógrafo independiente. Sin embargo, sus trabajos hoy están a punto de ser desmantelados y apropiados por los canales de televisión gracias a las modificaciones que se han hecho en el parlamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

Por Carmen Luz Parot*

El Movimiento Documental Chileno representado por la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC), organismo de representación gremial con ocho años de antigüedad y que hoy trabaja en acuerdo con la Asociación de Directores (ADG), ve con enorme preocupación una serie de excepciones que actualmente contempla el proyecto que modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual y que nos afecta seriamente.

Se trata del llamado “derecho a cita”, es decir, el uso de extractos de obras protegidas, sin pago ni autorización explícita de sus autores, “con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor”, según explica el artículo 71B del proyecto de ley 17.336, actualmente en el Congreso. El concepto, que puede sonar perfectamente razonable para un académico que rememora brevemente los textos de otros autores en sus escritos, se vuelve particularmente alarmante para los documentalistas si consideramos una indicación introducida a esa ley por los senadores Nuñez, Ominami, Naranjo y Navarro (artículo 71P), en el que se considera que “el uso justo de las obras protegidas por el derecho de autor con el propósito de crítica, parodia, comentario, información de noticias, enseñanza, o interés académico, no constituye una infracción al derecho de autor”.

Entendemos que en 1970, cuando la actual ley fue redactada, el derecho a cita tenía sentido para textos de carácter cultural, científico o didáctico asegurando el derecho a la educación como el avance y debate de las ideas. Sin embargo, estas recientes modificaciones afectan notoriamente la normal explotación comercial de la obra audiovisual, aquello de lo que viven camarógrafos y documentalistas en Chile.

No es que estos abusos sean nuevos. Por décadas los canales de TV y otros medios de comunicación, todas empresas privadas con ánimo de lucro (o en el caso de TVN, empresa pública con obligación de autofinanciamiento) han ocupado impunemente extractos de nuestras obras sin pagar ni pedir autorización alguna. La pobre legislación que hemos tenido hasta ahora nunca fue explícita en la defensa de estos derechos de autor; en adelante, se pretende que, además, sea explícita en socavarlos.

No es lo mismo citar un poema en un libro de castellano que exhibir un fragmento de un documental en un noticiario. Las aulas de las escuelas públicas se parecen poco a las oficinas de prensa de las estaciones de televisión.

Ocurre en los documentales de naturaleza y en los históricos. Conseguir la imagen de la migración de un grupo de ballenas o de un grupo de huemules puede costarle años de trabajo, esfuerzo y recursos económicos a un equipo documental; las últimas palabras de un artista o líder político obtenidas en una entrevista, o la confesión en cámara de un torturador es el resultado de una larga investigación y trabajo persistente. Sin ir más lejos, es todavía invaluable el material registrado en los años ochenta por camarógrafos independientes como Pablo Salas o Raúl Cuevas, quienes arriesgaron su vida en obtener imágenes que hoy es la fuente de sus ingresos a través de la venta de su archivo.

No es lo mismo citar un poema en un libro de castellano que exhibir un fragmento de un documental en un noticiario. Las aulas de las escuelas públicas se parecen poco a las oficinas de prensa de las estaciones de televisión.

En el mundo de la televisión internacional se paga por esos archivos, por minuto y hasta por segundo. La protección de ese archivo es parte del patrimonio de países desarrollados, y se entiende que la titularidad de esos derechos es retribuida cuando existe un ánimo comercial de su uso. Que una ley considere que estas imágenes son meros “fragmentos” y las ponga a disposición de cualquier medio de comunicación en forma totalmente gratuita pone en peligro todo nuestro trabajo y es simplemente un situación de despojo institucionalizada.

Por cierto, en todos estos casos, esas imágenes no son meramente fragmentos: pertenecen a una obra en su totalidad.

El documental chileno ha logrado un enorme reconocimiento nacional e internacional. Como laboramos de manera independiente, nos ocupamos de una realidad que los medios de comunicación evitan y registramos temáticas, personajes, mundos y conflictos que la televisión chilena rechaza por su carácter “anticomercial”.

Ya se trate de temas polémicos que critican la impunidad del poder (“El Diario de Agustín”, “El Despojo”), de denuncia ecológica (“Ciudad de Papel”), de admiración a personajes olvidados por nuestra historia (“La Colorina”), de atención a la pérdida de nuestra identidad (“La Última Huella”) o de rescate de nuestra memoria histórica (“La Batalla de Chile”, “Actores Secundarios”, “Estadio Nacional”, etc.), todos nuestros trabajos comparten el hecho de ser realizados en forma independiente, con una dedicación que se extiende a años de paciente seguimiento e investigación, con un punto de vista claro y sólido, y que habitualmente son omitidos por los medios masivos y censurados por la televisión.

Por nuestra convicción habitualmente estamos donde la televisión no está dispuesta a ir, y sin embargo, cuando pasan los años y ese material toma valor para la televisión, es cuando se nos exige que lo entreguemos gratuitamente y sin nuestro consentimiento.

Más paradójica es la situación si lo vemos desde la perspectiva opuesta. Las estaciones de televisión tienen conciencia del valor de su archivo y cobran por él. Si un documentalista desea utilizar las imágenes que son propiedad de un canal de televisión para ocuparlo en una película documental la tarifa de ese uso sobrepasa los dos mil dólares por minuto. Eso es lo que efectivamente cobra TVN por usar un minuto de su archivo. Pero cuando TVN ofrece comprar documentales para su exhibición ofrece la misma cantidad o menos: dos mil dólares, por toda una película como máximo. Es decir, para la televisión pública el valor de un documental como “Calle Santa Fé” de Carmen Castillo u “Opus Dei, una cruzada silenciosa” de Marcela Said, por dar ejemplos recientes y confirmables, no tiene más valor que la venta de un minuto de su archivo, aunque sea éste el material de cámara de un choque registrado por prensa esta misma mañana.

No queremos que se entienda equivocadamente nuestra demanda: creemos que en el espíritu los parlamentarios pretenden legislar pensando en casos concretos como la educación pública, la sobrevivencia de medios locales y alternativos y en el libre acceso de los consumidores de Internet a contenidos culturales e informativos con el objeto de fortalecer la democracia y la libertad. Pero en este afán pueden lograr exactamente lo contrario: beneficiar finalmente a las grandes empresas y consorcios monopólicos.

Es este un enorme perjuicio que pone en riesgo todo nuestro quehacer.

Nos sentimos impotentes cuando año a año los mismos canales que nos censuran nos roban nuestro trabajo sin remuneración ni reconocimiento alguno, amparados por lo difícil y oneroso que significa llevar estos casos a tribunales y por una ley que considerará que nuestro trabajo en un bien público de uso ilimitado.

Estamos cansados de ver cómo gigantescas universidades privadas, con matriculas de altísimo valor, que no pagan impuestos, pueden programar nuestras obras para muestras gratuitas, gastando enormes cifras en publicidad en diarios y vía pública, servicios de banquetería, inserción pagada de fotos en páginas sociales, pago por equipos de proyección y de sonido, sin considerar el más mínimo pago al autor de la obra con la cual se publicitan.

Por otro lado el documental es una declaración del punto de vista del autor frente la realidad. A los medios de comunicación no les importa esta postura ética, política y social presente en un trabajo artístico autoral. Les interesa el valor del fragmento en sí. De esta manera el proyecto ampara casos comunes como la utilización para prensa de un segmento de un documental sobre el alcoholismo para “ilustrar” la proliferación de “curaditos”en sus simpáticas notas dieciocheras o de imágenes de una ficción para “comentar” la infidelidad femenina.

Queremos agregar que esta la ley también consagra otra serie de excepciones que en definitiva permitirán a museos, bibliotecas y ciertos establecimientos culturales difundir y exhibir nuestro trabajo sin pagar ni pedir autorización. Es un grave problema, por ejemplo, para el documental con fines educacionales. En otros países el pago por parte de universidades es una importantísima fuente de financiamiento para el mundo documental. Además el museo moderno, histórico, se construye en base a exhibición de material audiovisual, como son los museos temáticos post Guerras Mundiales, cuyas exhibiciones son en gran medida materiales documentales. ¿Tampoco deben retribuir nuestro trabajo?

Entendemos que a la hora de legislar, los parlamentarios tienen en mente situaciones como la exhibición de un documental en una sala de clases de una escuela pública. Queremos decirles que nunca hemos prohibido algo así, y que no está en nuestro ánimo hacerlo. Por el contrario, constantemente los directores estamos dictando charlas gratuitas en innumerables aulas de clases.

Pero estamos cansados de ver cómo gigantescas universidades privadas, con matriculas de altísimo valor, que no pagan impuestos, pueden programar nuestras obras para muestras gratuitas, gastando enormes cifras en publicidad en diarios y vía pública, servicios de banquetería, inserción pagada de fotos en páginas sociales, pago por equipos de proyección y de sonido, sin considerar el más mínimo pago al autor de la obra con la cual se publicitan.

Por cierto, también estamos alarmados ante la continua proliferación de sitios de internet que “gentilmente” ponen a disposición de todo público nuestros documentales y películas. El alto precio que cobran los proveedores de internet a sus consumidores va de la mano de campañas de publicidad que incentivan a “bajar lo que quieras”.

Son estos casos, habituales, comunes e injustos los que facilita este proyecto de ley. Queremos que sociedad tome conciencia que promulgar algo así significará un enorme daño para el movimiento documental en particular, y para los creadores audiovisuales en general. Pero por sobre la demanda de un sector, es este un grave daño a la construcción de la memoria audiovisual de un país.

El desafío de construir un derecho de autor equilibrado
CiperChile

El surgimiento de nuevas tecnologías cambió radicalmente la forma en que se distribuye el conocimiento y la nueva Ley de Propiedad Intelectual definirá cómo se regula nuestra cultura en este nuevo escenario. No debe proteger el bolsillo de algunas empresas o de grupos de interés, sino lograr un equilibrio entre los titulares de los derechos y el resguardo del interés público.

Por Claudio Ruiz*

La próxima semana volverá a la agenda legislativa el proyecto que reforma la ley de propiedad intelectual que data del lejano 1970. Esta reforma se tramita desde marzo de 2007 y tiene la particularidad de ser la primera, de las más de 6 modificaciones que se le han hecho a esta ley desde su publicación, en plantear normativamente la necesidad de establecer un equilibrio entre los intereses de los autores, de las industrias culturales y del público.

Así como a través del aumento progresivo de los plazos de protección, la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de las penas frente a las infracciones se pretende proteger el interés de los titulares de derechos, con el establecimiento de excepciones y el fortalecimiento del dominio público se busca se resguardar el interés del público.

Hoy, nuestra ley considera delincuentes a los jóvenes artistas que utilizan las herramientas que les entregan las nuevas tecnologías. Hemos transformado el derecho de autor en un derecho contra el autor. Y esto tenemos que cambiarlo.

Del análisis de nuestra ley actual resulta dramático ver el estado de las excepciones al derecho de autor. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, donde existen excepciones específicas para bibliotecas, otras que permiten la adaptación de obras a beneficio de discapacitados visuales, o excepciones que legalizan ciertos usos justos o legítimos por parte del público -como transformar un disco compacto en formato digital-, en Chile todas estas actividades son contrarias a la ley. Es por todo esto, que el mensaje presidencial que presentó este proyecto de ley al Congreso fue visto como una reforma necesaria por parte de buena parte de la comunidad de bibliotecarios, de editores y de organizaciones sociales en general, que desde hace muchos años vienen tratando de promover el tema de los derechos de autor desde el interés público en el debate político.

Hoy, nuestra ley considera delincuentes a los jóvenes artistas que utilizan las herramientas que les entregan las nuevas tecnologías. Hemos transformado el derecho de autor en un derecho contra el autor. Y esto tenemos que cambiarlo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos, como asociaciones del software, debatieron respecto del alcance de la excepción de ingeniería reversa, que permite obtener información de un programa computacional con el fin de saber cómo funciona. Otros, estaban preocupados de la eficacia de las herramientas procesales para la persecución de los delitos derivados de la piratería. Algunos vociferaron con la necesidad de protección de los autores nacionales mientras promovían intereses un poco más espurios. De entre todos, la más insólita parece ser la posición de la Cámara Chilena del Libro, que en una postura derechamente inquietante se ha opuesto tozudamente a cada una de las excepciones que se pretenden establecer en la ley.

En este partido donde no se vislumbra aún el resultado final, el Ministerio de Cultura ha tenido una posición ambivalente. Mientras en una primera etapa de la discusión defendió con vehemencia los objetivos establecidos en el mensaje presidencial de la presidenta Bachelet, con el tiempo han ido cediendo a posiciones más acomodadas con la industria. En un principio la ministra Paulina Urrutia defendió la importancia de las excepciones en nuestro precario sistema de derechos de autor, pero meses después lograba acuerdos políticos con la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) eliminando ciertas normas de control sobre sus cobros a particulares y otras que permitían el establecimiento de una regla de usos justos en la legislación chilena.

El éxito de esta reforma legislativa pasa necesariamente, entonces, por equilibrar los intereses en juego y no utilizar la ley para la protección de modelos de negocio obsoletos. Chile tiene una gran oportunidad para actualizar una ley que estuvo pensada para regular un mundo analógico, el de los libros y los fonogramas y que se hace inaplicable en un mundo digital. En la medida en la que nuestras normas de propiedad intelectual sólo piensen en la propietarización de la cultura y sólo den cabida a los intereses privados involucrados, no habrá manera en la que podemos dar un salto cualitativo hacia el desarrollo de nuestra cultura y nuestro arte.

Desde el punto de vista del interés público, la verdad es que esta ley tiene mucho que decirnos. No sólo respecto de cómo nuestros representantes en el Congreso responderán a las presiones de los poderosos grupos de interés tras una tesis maximalista de los derechos de autor. La pregunta a responder será cuál es el tipo de ley que queremos, cómo queremos regular la creatividad y la generación de cultura sobre todo ante la emergencia de estas nuevas tecnologías que suponen un cambio radical en la forma en la que distribuimos el conocimiento. Porque la ley de propiedad intelectual no tiene por objeto sólo proteger los bolsillos de determinadas empresas o los de una asociación de privilegiados, una ley de propiedad intelectual finalmente define cómo regulamos y entendemos nuestra cultura.

Barack Obama, a diferencia de Hillary Clinton, dio un gran salto al comprender que la clave de una campaña política en el siglo XXI está en la conexión de las personas a través de las redes sociales. Quizás por su diferencia de edad o por su capacidad para innovar en la forma de encarar su campaña, Obama se atrevió a difundir su mensaje a través de la Red y terminó superando a Clinton.

Esta columna de Roger Cohen, publicada en el New York Times el 26 de Mayo pasado, hace referencia a la importancia de Obama en este cambio político y estratégico en una campaña presidencial: el de cautivar a los electores a través de las redes sociales e Internet.

Arturo Arriagada I.